Por: Horacio Erik Avilés Martínez

Michoacán exhibe hoy, con precisión estadística, la fisonomía de su sistema educativo. La base de datos oficial de Indicadores Educativos, desagregada por nivel, sostenimiento, sexo y modalidad, permite ver al sistema educativo estatal, con sus fortalezas y con sus fracturas estructurales expuestas a plena luz.

El sistema atiende a 1 millón 247 mil 021 estudiantes en 12 mil 054 escuelas, con 82 mil 137 docentes y 8 mil 640 directivos al frente, magnitud comparable en tamaño a la fuerza laboral de varios municipios sumados. La fotografía agregada, sin embargo, esconde tres fenómenos que merecen explicarse con detalle, porque cada uno tiene nombre, rostro y consecuencias sociales.

El primer fenómeno es un embudo severo entre la educación básica y los niveles subsecuentes. De los 935 mil 749 alumnos que cursan la educación básica, el sistema conserva apenas 173 mil 387 en educación media superior y 137 mil 885 en educación superior. Esta contracción afecta de manera directa a las familias de menores ingresos, para quienes el bachillerato representa la diferencia entre acceder a empleo formal calificado o quedar confinados a la informalidad, y afecta a la propia entidad, que pierde año con año la posibilidad de contar con una fuerza laboral más productiva y mejor remunerada.

El segundo fenómeno tiene nombre propio: el de los adolescentes varones michoacanos. Mientras en primaria pública los hombres superan levemente a las mujeres, la proporción se invierte con fuerza en media superior, donde los varones representan apenas 45.6 por ciento de la matrícula pública. La lectura directa de esta cifra señala que la salida del sistema entre secundaria y bachillerato golpea de manera desproporcionada a los adolescentes varones, justo en la franja de edad donde la evidencia disponible documenta el mayor riesgo de captación por estructuras de crimen organizado y economías informales de alto riesgo. Un sistema educativo que pierde varones adolescentes renuncia, en los hechos, a una de sus funciones más relevantes como mecanismo de protección social frente a la violencia, justo en la franja de edad de mayor riesgo de captación criminal.

El tercer fenómeno impacta a las familias que sostienen colegiaturas en la educación inicial y primaria privadas, bajo la premisa asumida de que el pago garantiza atención personalizada. Los datos contradicen esa premisa. La razón de alumnos por docente en inicial y primaria privadas iguala o supera a la del sistema público, mientras que en secundaria, media superior y superior el patrón se invierte y la oferta privada sí ofrece proporciones docentes más holgadas. La inversión privada en planta docente se concentra en los niveles terminales, precisamente donde la matrícula ya fue depurada por los estrechamientos previos y donde el perfil socioeconómico de acceso resulta más alto, dejando a las familias de menores recursos, matriculadas en escuela privada de primera infancia, con menor inversión y con una atención que la propia lógica de mercado debería haber garantizado y, sin embargo, omite.

Existe además un cuarto fenómeno que atraviesa a todo el magisterio femenino de la entidad. El profesorado michoacano está compuesto en 56.2 por ciento por mujeres, proporción que llega a 93.5 por ciento en preescolar público. Sin embargo, esa mayoría se diluye conforme se asciende hacia los espacios de dirección escolar.

En primaria pública, donde las mujeres representan 53.4 por ciento del profesorado, apenas ocupan 31.7 por ciento de las direcciones. En secundaria pública el patrón se repite con mayor intensidad, con 47.2 por ciento de docentes mujeres frente a solamente 31.0 por ciento de directoras. Este desfase constituye evidencia estadística de un techo de cristal operante en el sistema público, que contrasta de forma notable con el sector privado, donde las mujeres ocupan 86.9 por ciento de las direcciones.

Finalmente, un quinto fenómeno golpea a las comunidades indígenas y rurales más dispersas de Michoacán: la educación comunitaria y la indígena se sostienen sobre redes de escuelas de tamaño reducido, con promedios de entre siete y sesenta y cuatro alumnos por plantel. Esta es una estructura frágil, la cual expone a estas comunidades a un riesgo constante de cierre por insuficiencia de matrícula o de personal. Cada escuela multigrado que cierra traslada a las familias de las comunidades más marginadas la carga de la migración interna hacia cabeceras municipales, con el consiguiente desarraigo cultural y lingüístico de poblaciones a las que la Constitución y la Ley General de Educación les reconocen expresamente el derecho a una educación pertinente en su lengua y en su territorio.

Las consecuencias de sostener la situación imperante son acumulativas e impactan, año tras año, a distintas áreas de la vida pública estatal. Veamos cinco de ellas:

La primera consecuencia es económica, pues cada generación que abandona el sistema antes del bachillerato, en el mejor de los casos que ingrese al mercado laboral, llega con menor escolaridad, aspirando a ingresos más bajos durante toda su vida productiva; paradójicamente, iniciando en la franja etaria de mayor exposición al reclutamiento productivo. Así, el costo de oportunidad de no haber cursado una trayectoria educativa completa se acumula de forma compuesta durante décadas.

La segunda consecuencia es de seguridad pública, pues cada varón adolescente que abandona la escuela entre secundaria y bachillerato corre amplio riesgo de ser incorporado a una estructura criminal, trasladando a las instituciones de seguridad y justicia una carga que resulta considerablemente más costosa que construirle un sendero legítimo de vida desde la política educativa.

La tercera consecuencia recae sobre la protección de los derechos de la niñez en la oferta privada de los primeros niveles, hoy sujeta apenas a la vigilancia de las propias familias. La supervisión escolar está saturada y muchas veces, en manos de encargados de la supervisión, quienes no cuentan con nombramiento, adscripción y clave acordes a la función que desempeñan.

La cuarta consecuencia es de gobernanza interna del sistema público, que desaprovecha experiencia acumulada al excluir de manera desproporcionada a las mujeres de sus espacios directivos, como lo indican las estadísticas respectivas.

Finalmente, la quinta consecuencia es de desigualdad territorial, pues la fragilidad estructural de la oferta comunitaria e indígena amenaza con expulsar a las poblaciones originarias de su derecho constitucional.

Frente a este diagnóstico, se realizan diez propuestas concretas de intervención, dirigidas a actores específicos y con mecanismos de instrumentación definidos.

La primera propuesta consiste en que la Secretaría de Educación en el Estado construya un observatorio de trayectorias escolares, con amplia participación ciudadana que dé seguimiento longitudinal a cohortes específicas de estudiantes desde primaria hasta educación superior, con desagregación por sexo, sostenimiento y modalidad, de manera que el embudo hoy identificado pueda atribuirse a momentos concretos de la trayectoria escolar y orientar intervenciones oportunas.

La segunda propuesta llama a que las autoridades educativas, de seguridad y de desarrollo social del estado de Michoacán de Ocampo diseñen de manera conjunta un programa focalizado de retención escolar para varones adolescentes en la transición entre secundaria y media superior, que articule becas, acompañamiento socioemocional y vinculación con oferta técnica y tecnológica pertinente para este grupo de mayor riesgo, blindándolos del reclutamiento delincuencial y de la migración.

La tercera propuesta exige que la autoridad educativa estatal establezca, en el marco de sus facultades de incorporación y reconocimiento de validez oficial de estudios, razones mínimas de alumnos por docente para la educación inicial y primaria privadas, de forma que la oferta privada en los primeros niveles formativos garantice condiciones de atención equivalentes, como mínimo, a las del sistema público.

La cuarta propuesta plantea que la propia autoridad estatal establezca metas explícitas de paridad de género en la designación de personal directivo de primaria y secundaria públicas, acompañadas de mecanismos transparentes de escalafón que documenten públicamente las razones detrás de la subrepresentación femenina identificada.

La quinta propuesta corresponde a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, a quienes toca fortalecer de manera presupuestal y sostenida la infraestructura física y la plantilla docente de la educación indígena y comunitaria, priorizando conectividad, mantenimiento de planteles y esquemas de compensación que retengan a los docentes en las regiones de mayor dispersión poblacional, dignificándoles sus condiciones laborales.

La sexta propuesta involucra a los ayuntamientos michoacanos, quienes deben incorporar en sus planes municipales de desarrollo indicadores específicos de tránsito escolar entre secundaria y media superior, particularmente en los municipios donde el abandono escolar masculino coincide con mayor incidencia delictiva, articulando así la política educativa local con la prevención social de la violencia.

La séptima propuesta corresponde a las instancias estatales de planeación territorial, que deben elaborar un mapa actualizado de riesgo de cierre de escuelas comunitarias e indígenas, anticipando con al menos un ciclo escolar de antelación las localidades donde la matrícula se aproxima al umbral mínimo de viabilidad.

La octava propuesta llama al Congreso del Estado a revisar el marco normativo de incorporación educativa privada, dotando a la autoridad estatal de facultades explícitas de verificación periódica sobre las razones de alumnos por docente en los niveles inicial y primaria, con sanciones proporcionales para quien incumpla los mínimos establecidos y hacine los grupos escolares.

La novena propuesta corresponde a las instituciones formadoras de docentes y a la propia Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, quienes deben diseñar trayectos de formación directiva con criterios de paridad desde el ingreso al escalafón, corrigiendo desde el origen el desfase que hoy separa la proporción de maestras del sistema público de la proporción de directoras que finalmente lo conducen.

La décima propuesta involucra a las autoridades a quienes corresponde sostener el escrutinio ciudadano de estos indicadores, exigiendo la publicación periódica de la base de datos oficial desagregada y acompañando técnicamente el diseño de las políticas aquí planteadas, de manera que la exigencia de rendición de cuentas trascienda el ciclo de un solo diagnóstico.

Los datos aquí expuestos son elocuentes. Michoacán sostiene un sistema educativo amplio en cobertura básica, pero adelgazado en sus tramos terminales, desigual en la distribución del liderazgo entre mujeres y hombres y silenciosamente permeable a la pérdida temprana de sus varones adolescentes. Atender estas brechas con metas concretas y no solamente con intención declarativa es la tarea que corresponde ahora al gobierno michoacano.

Las autoridades educativas estatales deben de convertir este diagnóstico en agenda de trabajo verificable, con metas, plazos y responsables públicos; los diputados locales deben legislar las reformas normativas aquí propuestas y los ayuntamientos de la entidad deben de incorporar la prevención del abandono escolar masculino como eje explícito de sus planes de seguridad ciudadana. Llamamos, finalmente, a las familias michoacanas a exigir con estos datos en la mano la rendición de cuentas que sus hijas e hijos merecen, porque una educación pública que permanece sin atender sus fracturas internas, deja de cumplir el mandato constitucional que le da origen.

Este fin de semana se ha difundido extraoficialmente un proyecto de Calendario Escolar 2026-2027, el cual coloca el inicio de clases en el día 31 de agosto. Quedan siete semanas para diseñar políticas públicas que eviten cometer los mismos errores de los cuatro ciclos escolares anteriores.

Hay que decirlo: No queremos otro ciclo incompleto más. Que no falten niñas, niños ni jóvenes en las aulas, ni se pierdan los que ya están dentro de ellas. ¡Merecemos un gobierno educador!

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Doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.